La federación sostiene que lo ocurrido en Concepción del Uruguay no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de ajuste, precarización laboral y criminalización de la protesta. Horas después de la represión, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por un plazo de quince días y convocó a una instancia de diálogo. Para los trabajadores, el operativo tuvo como único objetivo disciplinar la protesta y garantizar los intereses empresariales. En paralelo, distintas organizaciones gremiales y medios sindicales denunciaron un presunto entramado de complicidades entre la empresa Urcel SA, sectores del Poder Judicial entrerriano y la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA). La protesta, impulsada por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), reclamaba el reconocimiento gremial, la precarización y el cese de maniobras empresariales que, según denuncian, buscan precarizar el trabajo y desplazar a la mano de obra local. El conflicto se desató luego de que la empresa Urcel Argentina SA se negara a reconocer a las autoridades sindicales elegidas por los propios trabajadores y avanzara con la incorporación de personal externo, en detrimento de los estibadores de la zona. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que nuclea a sindicatos de todo el país, declaró el estado de alerta y advirtió sobre la posibilidad de un paro nacional si continúan la represión y el desconocimiento de los derechos sindicales en el puerto entrerriano. Según estas denuncias, la fiscal interviniente habría actuado en sintonía con la patronal para habilitar el accionar represivo y deslegitimar el reclamo sindical, mientras la federación mantuvo una postura pasiva o directamente funcional al conflicto, a pesar de tratarse de un ataque directo a la organización de base. Represión contra huelga de estibadores en el puerto de Concepción del Uruguay El gobierno provincial ordenó un operativo represivo con gases y balas de goma que dejó varios trabajadores heridos. El conflicto encendió alarmas a nivel nacional. Una nueva escalada represiva contra trabajadores en protesta tuvo lugar este lunes en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. La respuesta estatal fue un operativo represivo con balas de goma y gases lacrimógenos, que dejó como saldo personas heridas y detenidas, según denunciaron los propios trabajadores. Desde el gremio señalaron que la represión se produjo pese a que el reclamo se desarrollaba de manera organizada y en defensa de derechos laborales básicos. Frente a esta situación, el SUPA resolvió iniciar un paro con bloqueo en los accesos al puerto. Esta vez fuerzas de seguridad provinciales y federales reprimieron a estibadores que llevaban adelante una huelga en el puerto local. Sin embargo, desde el SUPA remarcaron que la medida llega después de la violencia y no ofrece garantías reales de que se revierta la persecución sindical ni la negativa empresaria a reconocer al gremio. Videos y registros difundidos por los estibadores muestran el accionar policial y refuerzan las denuncias de violencia injustificada. Mientras tanto, los trabajadores deberán suspender las medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones en un contexto marcado por la represión y la incertidumbre.